Gobierno Vulnera Derechos Humanos ONG’S
El Discurso
Miercoles, 04 de Abril de 2012
| SEDENA dio claras muestras de que no se sujetará al control civil en tanto no se reforme el Código de Justicia Militar. Foto Octavio Nava
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Gobierno Vulnera Derechos Humanos ONG’S
El 7 de febrero la Secretaría de Gobernación emitió un comunicado en el cual señaló que la defensa y protección de los derechos humanos son la más alta prioridad del Gobierno Federal.
En conferencia de prensa, el Secretario de Gobernación, Doctor Alejandro Poiré, presentó tres puntos a los que se ha comprometido el gobierno del Presidente Felipe Calderón en la materia: 1) Los derechos humanos son una política de Estado y deben permear todas las actividades del Estado mexicano, así como estar presentes en la agenda de los tres órdenes de gobierno, 2) El Gobierno Federal seguirá trabajando incansablemente a favor del proceso de institucionalización de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y 3) La Estrategia Nacional de Seguridad emprendida por el Gobierno de la República reafirma y fortalece la protección de los derechos humanos como uno de sus principales ejes.
Al respecto, las organizaciones de derechos humanos señalamos a partir de hechos concretos, la brecha existente entre el discurso de la Secretaría de Gobernación (SEGOB) y la realidad imperante en el país a lo largo de todo el sexenio.
En contrapartida de la posición sostenida por el Secretario de Gobernación, lo cierto es que no se han implementado con suficiencia y con un alto nivel de prioridad, acciones para dar cumplimiento a las obligaciones contraídas por el Estado mexicano frente a las víctimas como ante la propia comunidad internacional.
Las sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorIDH) en contra del Estado mexicano son un importante referente sobre el compromiso real en materia de derechos humanos.
En su conferencia, el Secretario de Gobernación omitió informar que las cinco sentencias que la CorIDH ha emitido continúan incumplidas en sus aspectos más relevantes, a pesar de que la SEGOB cuenta con un presupuesto asignado de 31 millones 500 mil pesos para el año 2012.
Ejemplo de ello es que desde el 2009, Inés Fernández y Valentina Rosendo, continúan a la espera de que se presente el plan de implementación de las medidas relativas al plan de salud, educación e indemnizaciones para sus hijos e hijas por los daños ocasionados.
Otro tema de particular preocupación es la falta de implementación efectiva de medidas de protección para las y los defensores de derechos humanos, cuya coordinación – y en casos específicos- es responsabilidad exclusiva de la Secretaría de Gobernación.
De conformidad con el Presupuesto de Egresos de la Federación para el 2012, esta dependencia cuenta con 26 millones de pesos para el diseño y la instrumentación de un Mecanismo de Protección a periodistas y 2 millones 500 mil pesos para los Mecanismos de protección a periodistas y defensores y defensoras de los derechos humanos.
Sin embargo, a la fecha no ha sido explicado cómo y en qué se está ejerciendo dicho presupuesto, pues el mecanismo de protección para las y los defensores de derechos humanos no se ha puesto en marcha, aun cuando la sociedad civil ha allegado al Gobierno Federal propuestas concretas al respecto.
Peor aún, son varios los casos en los que la Secretaría de Gobernación ha fallado en otorgar o reponer medidas de protección ordenadas por instancias internacionales.
Ejemplo de ello es lo que ocurre en el estado de Guerrero, donde 107 defensores y defensoras de derechos humanos cuentan con medidas provisionales ordenadas por la CoIDH, pues desde el año 2009 dichas medidas se han limitado a la entrega de cuatro aparatos de comunicación a las personas beneficiarias, de los cuales ninguno funciona desde agosto de 2011, sin que se adopten acciones para su reparación.
Igualmente, ejemplifica la inadecuada implementación de las medidas provisionales, la persistencia de patrones de criminalización ilegítima de defensores comunitarios, como en el caso de Maximino García Catarino, defensor Na Savi (mixteco) preso en Ayutla de los Libres, Guerrero, desde el pasado 21 de enero de 2012 por un delito que no cometió, aun cuando es beneficiario de medidas provisionales desde 2009.
La reiterada posición del Gobierno Federal sobre el Fuero Militar es también ejemplificativo de la enorme brecha que se abre entre el discurso y la práctica de las autoridades.
Si bien es patente el reconocimiento hecho por el Secretario respecto de las obligaciones incumplidas, en los hechos se encubre y promueve tal incumplimiento.
Como lo ejemplifica el hecho de que la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), en representación del Presidente de la República Felipe Calderón, impugnó a principios de este año la histórica sentencia del 2 de diciembre de 2011, mediante la cual, familiares de Bonfilio Rubio Villegas, indígena naua que en 2009 fue privado arbitrariamente de la vida por elementos del Ejército mexicano, obtuvieron el amparo de la justicia federal en un juicio donde habían impugnado la extensión del fuero militar sobre la investigación y el juzgamiento de dicha ejecución extrajudicial.
En el mencionado recurso, a nombre del Presidente Calderón, la SEDENA dio claras muestras de que no se sujetará al control civil en tanto no se reforme el Código de Justicia Militar.
Esto, en abierta contravención a lo afirmado por el Presidente de la República el 9 de diciembre de 2011, cuando en el marco de la entrega del Premio Nacional de Derechos Humanos afirmó: “Hoy anuncio que he dado una instrucción fundamental a la Procuraduría General de la República y a la Secretaría de la Defensa Nacional y de Marina, a fin de que exploren mecanismos para que, sin violentar la ley vigente que nos obliga, en los casos de violaciones a los derechos humanos en que sean acusados integrantes de las Fuerzas Armadas, se busque la manera de poder transferir o declinar la competencia militar en favor de los Ministerios Públicos y de los jueces civiles”.
Finalmente, el continuo aumento de las violaciones a derechos humanos cometidas en el marco de las políticas de seguridad adoptadas en la llamada Guerra contra el Narcotráfico, contradice también el discurso del Secretario de Gobernación, entre el 2006 y el 2011 las violaciones cometidas no han sido investigadas con suficiencia, como afirma el Titular de la SEGOB, sino que en su mayoría permanecen en la impunidad.
Cabe señalar que las violaciones a derechos humanos cometidas por elementos de la Policía Federal que participaban en el “Operativo Guerrero Seguro” durante el intento de desalojo contra estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, realizado el pasado 12 de diciembre de 2011, en Chilpancingo, Guerrero, no han sido sancionadas conforme a derecho e incluso la propia corporación intentó deliberadamente ocultar información y distorsionar los hechos al negar inicialmente la presencia de sus elementos en el lugar.
En materia del cumplimiento de compromisos internacionales también se han presentado oportunidades que no han sido tomadas. Por ejemplo, para demostrar con hechos que existe un compromiso real para que los derechos humanos por fin sean el componente principal de la política de Estado, el gobierno deberá suscribir sin más demoras el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, así como dar muestras claras de un cambio en su política para atender las violaciones de derechos humanos de las personas migrantes.
En esos dos temas, como en muchos otros, no hace falta más que una decisión de parte del Gobierno Federal para ajustar la política exterior al respeto y garantía de los derechos sociales (como ordena el artículo 89 constitucional a partir de la reforma constitucional de derechos humanos del pasado 10 de junio de 2011), en el primer caso, o bien, que su agenda y actividades en verdad se rijan por el respeto, protección, la prevención, investigación, sanción y reparación de violaciones de los derechos de las personas migrantes, en el segundo caso.
En ambas cuestiones no sólo el Secretario de Gobernación, sino el propio presidente constitucional tienen la obligación de mostrar a la sociedad que su compromiso es más que discurso vacío."
Todos los temas que hemos mencionado anteriormente, atañen directamente a la Federación. Mencionar la situación de los estados y la preocupación por la existente descoordinación y confianza entre las autoridades estatales y federales exigiría otro espacio.
No obstante, el breve recuento que ponemos a consideración de la opinión pública basta para evidenciar la enorme distancia que separa al discurso de la Secretaría de Gobernación de la realidad.
Mientras el Gobierno Federal continúe negando las deficiencias existentes y los retos pendientes en su justa dimensión, los esfuerzos que se emprendan estarán condenados a no poder revertir una situación que se ha convertido en insostenible.
