Policía retira última barricada de los manifestantes en Oaxaca
Olga Rosario Avendaño/EFE
Miercoles, 29 de Noviembre de 2006
Policía Federal retira última barricada de los manifestantes en Oaxaca. Foto:PI/Luis HERNANDEZ
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Oaxaca, México. 29 de noviembre.- La policía mexicana levantó hoy la última barricada que mantenían los manifestantes en la ciudad de Oaxaca, más de seis meses después del comienzo de un conflicto social que ha dejado más de once muertos, centenares de heridos y detenidos y millonarias pérdidas económicas.
Sin embargo, la circulación de vehículos en la capital sureña no se ha normalizado todavía, ya que en las bocacalles que dan al zócalo (plaza principal), en un perímetro de dos manzanas, permanecen efectivos y vehículos antidisturbios de la Policía Federal Preventiva (PFP).
En una operación iniciada la pasada madrugada, la PFP y unidades estatales y municipales retiraron las decenas de vehículos incendiados, piedras y otros objetos que impedían el tráfico por el cruce de Cinco Señores, en el sur de la ciudad.
La intersección está situada junto a una de las alas de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (UABJO), en el último bastión de los sectores alzados contra el gobernador del estado, Ulises Ruiz, y sede de la radio que usan para organizarse y difundir su propaganda.
La barricada, que desde finales de agosto pasado impedía la libre circulación por la Avenida Universidad, una de las principales de Oaxaca, fue destruida con excavadoras, grúas y tanquetas, dijo a la prensa el secretario de Obras Públicas del Gobierno del estado, Eviel Pérez.
Posteriormente, personal de limpieza del ayuntamiento oaxaqueño barrió el lugar.
Pérez afirmó que con la acción, que contó con el beneplácito de los vecinos de la zona, se cumplió un compromiso que hizo en días pasados el gobernador de que se abrirían todas las vías obstruidas por barricadas.
La Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), el bloque de organizaciones sociales que encabeza el movimiento de protesta, comenzó los bloqueos de calles el 22 de agosto pasado, con el objetivo de impedir el paso de las camionetas desde las que dijo que presuntos policías estatales tiroteaban a sus miembros.
La APPO fue creada en junio en apoyo a los maestros que un mes antes había comenzado una huelga general y una serie de acciones reivindicativas que el gobernador Ruiz intentó contrarrestar con un fallido desalojo de los edificios públicos ocupados por los profesores.
La madrugada del 22 de agosto, un grupo de desconocidos armados tiroteó varias emisoras de radio que se encontraban en poder de la APPO, y ocasionó la muerte de Lorenzo Sanpablo, que recibió un disparo en un pulmón.
Después de ese suceso, los integrantes de la APPO tenían como consigna colocar barricadas todas las noches en puntos estratégicos de la ciudad para evitar ser atacados por lo que calificaron como "el convoy de la muerte".
Los bloqueos de vías se masificaron a finales de octubre pasado, cuando el presidente Vicente Fox anunció el despliegue de la PFP en una operación que desalojó a la APPO del zócalo.
En las últimas semanas, la plaza fue cercada en varias ocasiones por los manifestantes, la última vez el sábado, cuando la policía detuvo a unos 150 manifestantes que habían incendiado decenas de vehículos y edificios, algunos de valor patrimonial.
El aparente debilitamiento de la APPO, que no ha puesto resistencia a la última acción policial en Cinco Señores, ha sido aprovechado por el gobernador Ulíses Ruiz para asegurar que el conflicto ha concluido y la normalidad ha vuelto al estado que gobierna.
La Fiscalía emitió hoy un comunicado en el que señala que según las estimaciones preliminares, los disturbios del sábado pasado ocasionaron pérdidas de más de 60 millones de pesos, unos 5,5 millones de dólares.
El lunes, el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) informó de que las protestas sociales de los últimos seis meses han dejado daños en el patrimonio histórico por valor de 300 millones de dólares, mientras que las pérdidas globales para la economía oaxaqueña ascienden a más del doble, según el Gobierno estatal.