Paro de mineros mexicanos, un año después de explosión
AP
Lunes, 19 de Febrero de 2007
| Miles de mineros realizaron un paro de un día, para conmemorar el primer aniversario de una explosión subterránea que mató a 65 mineros. Foto:AP
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San Juan de Sabinas, México. 19 de febrero. Miles de mineros realizaron el lunes un paro de un día, para conmemorar el primer aniversario de una explosión subterránea que mató a 65 de sus colegas y dejó al descubierto la falta de seguridad en las minas en México.
En tanto, los familiares de las víctimas se congregaron en una misa y protestaron frente a las puertas de la mina carbonífera de Pasta de Conchos, en demanda de mejores condiciones de trabajo y de que se agilicen las tareas para recuperar los cadáveres.
El paro del lunes afectó las labores en minas de acero y plata en todo el país.
Más temprano, un grupo de dolientes liberó globos blancos antes del amanecer, a la hora exacta de la explosión.
Unos 100 familiares y amigos de las víctimas realizaron una vigilia nocturna frente a Pasta de Conchos, y prendieron velas y lanzaron 65 globos a las 2.15 de la madrugada. Las cuadrillas, mientras tanto, trabajan para recuperar los restos de los 63 mineros que aún están atrapados en la mina.
María Aguilar, una de las dolientes allí presentes, dijo que quería que su esposo estuviera en una tumba para poder orar allí y llevarle flores.
Los familiares colocaron después arreglos florales en un altar improvisado frente a la mina y se reunieron allí para la misa.
"Estamos pidiendo que las empresas y el gobierno federal inviertan más recursos pues las condiciones de seguridad en las minas no han mejorado", expresó el obispo Alonso Garza, de la ciudad de Piedras Negras, al otro lado de la frontera de Eagle Pass, Texas.
A lo largo de este año se han implementado pocas medidas para mejorar las condiciones de las minas en México. Aún hay pocos inspectores, y las autoridades estatales alegan que la corrupción entre los inspectores ha impedido que se cumplan los estándares internacionales.
Todavía no se ha determinado la causa oficial de la explosión del 19 de febrero del 2006, que provocó la caída de la mayor parte de la mina. Los investigadores, no obstante, encontraron problemas con el sistema de ventilación y algunos obreros sostienen que los detectores de gas diseñados para cerrar automáticamente las minas en situaciones peligrosas, generalmente no funcionaban.
Un fiscal estatal especial ha recomendado procesar por negligencia a 11 funcionarios e inspectores del gobierno federal.
El gobernador del estado de Coahuila, Humberto Moreira, expresó el domingo que fue presionado por el entonces presidente Vicente Fox para encubrir a los inspectores federales y acusar a personas inocentes. No fue posible contactar al portavoz de Fox.
También el lunes, el Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL) hizo un llamado al actual presidente Felipe Calderón para que ordene la sanción de altos funcionarios de la pasada administración por entender que incumplieron con su mandato de garantizar la seguridad de los trabajadores.
Tras una investigación y la publicación de un informe, el organismo pidió a la Procuraduría General de Justicia que asuma jurisdicción en el caso y procese al ex secretario del Trabajo, Francisco Javier Salazar, al ex director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) Fernando Flores y al ex secretario de Economía, Sergio García de Alba.
"Hacemos manifiesta nuestra indignación por el hecho de que hasta el momento no se hayan sancionado a las autoridades" que debían velar por el cumplimiento de los reglamentos de seguridad e higiene, dijo en una rueda de prensa en la capital Edgar Cortez, portavoz de varias organizaciones que endosaron el informe del CEREAL.
Si bien el fiscal estatal especial ha recomendado procesar por negligencia a los 11 funcionarios, todos son de nivel medio, se quejó Cortez, mientras que los obligados por ley a cumplir, siguen "impunes".
Cortez declaró que es sumamente "contradictorio" e "injusto" que la industria minera haya tenido un despunte que le deja grandes ganancias de dinero a las empresas dueñas de minas, mientras que los mineros continúan viviendo en condiciones de pobreza.
La investigadora Graciela Bensuán denunció que la Secretaría del Trabajo no tenía suficientes inspectores al momento del accidente para revisar que las minas cumplieran con las leyes de seguridad, mientras que los recursos para esa tarea han disminuido.
Manuel Fuentes asesor jurídico de los familiares de los mineros fallecidos, dijo que ya entregaron a la Procuradoría General de Justicia los hallazgos sobre las fallas de seguridad de las que se tenían conocimiento en la mina.
Declinó comentar si los familiares establecerían una acción legal separada.
