ONU preocupado pruebas obtenidas por violencia válidas en México
EFE
Viernes, 24 de Noviembre de 2006
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Ginebra, Suiza. 24 de noviembre.- El Comité contra la Tortura de la ONU expresó hoy su preocupación por que las autoridades judiciales de México otorguen "valor probatorio a las confesiones obtenidas por medio de violencia física o mental" si son corroboradas por otro tipo de pruebas.
México -junto a otros varios países- presentó al Comité su informe periódico sobre el cumplimiento de la Convención contra la Tortura de la ONU.
Sobre las confesiones conseguidas mediante la violencia, los expertos del órgano de la ONU señalaron a México que no puede ser invocada, ni directa ni indirectamente, en un procedimiento judicial, "ninguna declaración" que se demuestre haya sido obtenida por esos medios.
El Comité también criticó la "utilización de tipos penales menos graves para tipificar hechos que podrían calificarse como actos de tortura", lo que explicaría el bajo número de personas procesadas y condenadas por tortura en ese país.
Otro motivo de inquietud -apuntó- es la falta de prescripción en México de los delitos de lesa humanidad, entre los que están la tortura, las desapariciones forzadas o las ejecuciones extrajudiciales, aunque menciona la existencia de un proyecto de ley en el Congreso para cambiar esa situación.
En su informe final sobre México, los miembros del Comité recomiendan a ese país "investigar todas las alegaciones de tortura como tales, de manera pronta, efectiva e imparcial" y garantizar que "se realice en todos los casos un examen médico independiente".
Además, indican que si el caso de tortura es ratificado por examen médico, éste debe ser considerado "como prueba plena" en los juicios, al tiempo que pide "juzgar y sancionar" esos actos según la gravedad de los hechos y considerarlos imprescriptibles.
En otro pasaje de su informe, el Comité destaca los esfuerzos de las autoridades mexicanas "para abordar los casos de violencia contra las mujeres en Ciudad Juárez", pero declara su desazón al haber comprobado que "muchos de los asesinatos y desapariciones" de más de 400 mujeres, desde 1993, "todavía siguen impunes".
Agrega que le preocupa las informaciones recibidas sobre que "no se deriven las responsabilidades pertinentes a más de 170 agentes estatales que habrían cometido infracciones disciplinarias y/o penales durante la investigación de esos casos, incluyendo la utilización de tortura para extraer confesiones".
En ese sentido, piden al Gobierno que "intensifique sus esfuerzos para encontrar y sancionar a los responsables" de esos crímenes, así como investigar y castigar igualmente "a los servidores públicos denunciados por emplear métodos de tortura para obtener pruebas".
En otro apartado, el documento anota la preocupación del Comité de la ONU por que subsista el fuero militar para el delito de tortura cometido por personal militar durante el ejercicio de su función.
Al respecto, pide que los militares sean juzgados en toda circunstancia por tribunales civiles cuando se trate de delitos de tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes, para lo que debe reformar el Código de Justicia Militar.
