México, violación impune de los derechos humanos: Amnistía Internacional

PI
Jueves, 08 de Febrero de 2007

AI reportó casos de arrestos presuntamente fundados en pruebas falsas, y la prohibición de contar con una representación letrada. Foto PI/Francisco GÓMEZ

ver galería

México D.F., 07 de febrero. El organismo por los Derechos Humanos, Amnistía Internacional (AI), hizo público esta mañana el informe: "Leyes sin justicia: Violaciones de derechos humanos e impunidad en el sistema de justicia penal y de seguridad pública" mediante el que se evalúa el desempeño del gobierno mexicano y se da cuenta de irregularidades en las detenciones y juicios contra activistas, tortura y malos tratos. Así como de las recomendaciones al Ejecutivo Federal a quien se le recuerda su adscripción al Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.

El texto, dado a conocer a través de una rueda de prensa, consta de seis capítulos en los que se subraya la necesidad de reformas tanto al marco legal como en la aplicación de la ley, las cuales, fueron presentadas por el ex presidente Vicente Fox ante el Congreso Federal pero "quedaron paralizadas" pese a tres años de debates, y la continuidad de los abusos, explica AI.

"México ha firmado y ratificado la mayoría de los instrumentos de derechos humanos regionales e internacionales, y ha cursado frecuentes invitaciones a los mecanismos de derechos humanos y a organizaciones no gubernamentales para que sometan a escrutinio la situación. Sin embargo, pese a esta aparente disposición a mejorar el respeto por los derechos humanos, los abusos generalizados contra estos derechos cometidos en el contexto de la seguridad pública siguen siendo uno de los obstáculos principales en la protección de los derechos humanos y el acceso a la justicia, especialmente en los ámbitos estatal y municipal", se lee en el texto.

Según las entrevistas efectuadas por la organización, en los 31 estados de la República Mexicana existe una "amplia brecha" entre los principios jurídicos y la experiencia de las personas que han caído en manos de la ley o necesitan su protección. Especialmente porque han sido los órganos judiciales los que se ocupan para para detener y procesar a activistas políticos y personas que defienden los derechos humanos, mismos que viven bajo la amenaza de ser detenidos, o que cuentan con órdenes de aprehensión que no se ejecutan en tiempo y forma.

Así mismo, reportan casos de arrestos presuntamente fundados en pruebas falsas, y la prohibición de contar con una representación letrada precisamente en el momento en que los acusados corren más peligro de "ser sometidos a tortura o malos tratos para obligarlos a confesar", casos de maltrato que han sido desestimados "sistemáticamente" por los jueces, y entre los que se destacan aquellos cometidos contra los "más pobres y marginados de la sociedad: miembros de comunidades indígenas, campesinos, mujeres, menores, migrantes y comunidades urbanas socialmente excluidas", afirman.

Otro de los tópicos analizados es el alto índice de delincuencia y la falta de garantías al respeto de los derechos humanos en el combate al crimen, debate que ha generado opiniones radicalizadas en los altos mandos del gobiernos que ven en éstos últimos un obstáculo más que una herramienta para garantizar "condenas fiables, juicios justos y la independencia e imparcialidad del sistema judicial", elementos que rescatarían la confianza de la opinión pública en el sistema de justicia penal.

Finalmente, en el capítulo destinado a las conclusiones y recomendaciones, se destaca la urgencia de que "el nuevo gobierno" y los miembros del Congreso Federal "asuman la responsabilidad largo tiempo demorada de introducir una reforma sustancial del sistema de justicia penal y de seguridad pública para garantizar que el marco legal vigente en los ámbitos federal, estatal y municipal basta para proteger los derechos humanos" y se den las garantías para un acceso a la justicia efectiva.

Entre las personas y organismos consultados, se encontraron representantes del gobierno federal y estatales, agentes del Ministerio Público, abogados defensores, miembros del poder judicial, comisiones gubernamentales de derechos humanos –la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y las Comisiones Estatales de Derechos Humanos (CEDH)–, miembros de organizaciones no gubernamentales de derechos humanos, víctimas de abusos contra los derechos humanos y sus familias.