Hombres mujeres, niños y ancianos, víctimas por igual en acciones represivas de Oaxaca: CCIODH

PI
Lunes, 22 de Enero de 2007

El saldo del conflicto: 23 muertos, un número indeterminado de desaparecidos, violaciones sexuales a mujeres y hombres. Foto PI/Luis HERNÁNDEZ

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México D.F. 22 de enero.- En un informe que concentra las conclusiones y recomendaciones preliminares sobre el conflicto oaxaqueño, la Comisión Civil Internacional de Observación de los Derechos Humanos (CCIODH), denunció como casos probados, de acuerdo con sus investigaciones, una represión "indiscriminada" durante y al final del conflicto en el estado originado por condiciones de "pobreza, cacicazgo y marginación".

En el primer punto del texto, referente a muertes y desapariciones, la CCIODH considera que los hechos ocurridos en Oaxaca son un eslabón de una "estrategia jurídica, policíaca y militar" cuyo objetivo último es lograr el control y amedrentamiento de la población civil en "zonas donde se desarrollan procesos de organización ciudadana o movimientos de carácter social no partidista".

Dentro del saldo originado por el conflicto, se reportan un total de 23 muertos identificados, tres más que los denunciados por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y muy por encima de los 12 aceptados por la Procuraduría General de Justicia del Estado. Mientras que el gran número de afectados por la presencia militar y los ataques son personas pertenecientes al sector indígena.

Además, insiste el documento que existen "sospechas fundadas" de la existencia de más personas "desaparecidas", hechos acontecidos en los momentos de mayor violencia y que responden a la puesta en marcha de operativos diseñados y coordinados por "diferentes autores materiales e intelectuales".

En lo referente a la vulneración de los derechos humanos de los oaxaqueños resalta la falta de garantías y el uso de la fuerza pública en detrimento de la libertad de expresión, pensamiento, asociación, reunión, participación política, libre circulación y manifestación. En donde destaca el desalojo violento de plantones y marchas pacíficas, la agresión a periodistas, medios de comunicación y presidentes municipales elegidos por usos y costumbres, impidiéndoles ejercer su mandato.

Otras de las garantías individuales perpetradas son: la educación, por la escasez de recursos materiales y humanos, especialmente en zonas rurales, "así como la prolongación del conflicto por la falta de diálogo en la resolución del mismo", en donde "ninguna de las partes en conflicto estableció medidas alternativas durante el paro magisterial para asegurar el derecho a la educación de los niños y las niñas".

"Las acciones represivas se han ejercido de forma indiscriminada contra la población civil", advierte el organismo tras la documentación de individuos de todas las edades afectados por gases lacrimógenos, gas pimienta, agua con químicos, armas de medio y alto calibre, vehículos y helicópteros militares. Acciones ejecutadas por los cuerpos policiales federales, estatales, municipales y grupos de élite e "incluso con intervención de efectivos militares en tareas logísticas y de coordinación".

En el mismo tenor, reconoce la intervención de grupos de paramilitares con armas de alto calibre quienes "han practicado secuestros, detenciones ilegales, cateos y disparos, en algunos casos utilizando vehículos policiales y con la participación de funcionarios públicos".

En el texto de 42 puntos, la organización destacó también la violencia física y psíquica "desproporcionada" durante los arrestos, el uso del secuestro y agresiones sexuales contra los detenidos, mujeres y hombres, algunos de ellos enviados a espacios ilegales de detención como "bases militares, edificios de gobierno y casas de seguridad".

Y son precisamente los traslados a penales y centros de detención donde ocurren las principales torturas físicas, psíquicas y violaciones, cuando la denominada "fiscalía móvil" que efectuó los traslados, según consta en autos judiciales, "carece de toda cobertura legal, su actuación no es transparente ni está sujeta a control alguno", asevera la Comisión Internacional.

Finalmente, el organismo presenta 18 recomendaciones al gobierno mexicano, encaminadas a resarcir la "clara polarización de la sociedad que deteriora y rompe el tejido social", entre las que destacan: la atención de las causas originales de este conflicto, garantizar la separación de poderes, la investigación de los ilícitos cometidos, especialmente en los casos más graves (muertes, desapariciones, torturas y agresiones sexuales) y la revisión de la situación jurídica de las personas liberadas bajo caución y las que permanecen presas; así como la reparación económica, moral y social a las víctimas.