Diputados mexicanos aprueban reforma penal
E.Eduardo Castillo/AP
Miercoles, 12 de Diciembre de 2007
| Diputados aprobaron una reforma que permite que la policía realice cateos sin orden de un juez. Foto:PI/Francisco GOMEZ
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Mexico. 12 de diciembre. La Camara de Diputados aprobo el miércoles una reforma judicial que incorpora los juicios orales públicos y permite que la policía realice cateos en domicilios sin orden de un juez.
Con 366 votos a favor, 53 en contra y ocho abstenciones, los diputados aprobaron la reforma penal defendida por algunos legisladores como una de las más importantes enmiendas recientes en materia penal pero criticada por ser considerada "regresiva" y hasta violatoria a los derechos humanos.
La reforma aun tiene que ser aprobada por el Senado para entrar en vigor.
Los diputados, de última hora, decidieron colocar restricciones a los allanamientos domiciliarios sin orden de juez.
Los cambios consideran elementos solicitados por expertos desde hace años como los juicios orales, pero también otros que alarman a algunos como la posibilidad de que la policía ingrese a domicilios sin orden judicial, la grabación de comunicaciones telefónicas entre particulares y el acceso a información reservada en casos de delincuencia organizada.
"Esta reforma tiene dos vertientes: una vertiente claramente autoritaria, regresiva, violatoria de derechos humanos; y otra vertiente digamos que va en la línea correcta de los juicios orales que es una experiencia que en otros países ha funcionado muy bien", dijo a la AP Miguel Carbonell, constitucionalista e investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México.
La iniciativa propone incorporar los juicios orales públicos en sustitución a los procesos que actualmente se realizan a puerta cerrada y que para unos propician corrupción y arbitrariedades.
Los juicios orales han sido considerados como el eje de la reforma y prácticamente todos los sectores los elogian.
La controversia se da por la autorización para que la policía ingrese a los domicilios sin orden judicial, aunque con la limitante que los policías deben entregar de inmediato ante un juez los elementos que consideren como necesarios para hacer peligrar la vida o la integridad de las personas o para cometer algún delito de manera flagrante, indicó el El presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, el legislador priísta César Camacho.
También el que civiles puedan grabar conversaciones "cuando sean aportadas (como evidencias) de forma voluntaria por alguno de los particulares que participen en ellas".
Para Carbonell, "se borra de facto de la Constitución el derecho a la secrecía (confidencialidad) de las comunicaciones privadas" un derecho reconocido en tratados internacionales.
"Me parece lamentable que (los legisladores) se estén apoyando en una etiqueta o en un concepto legítimo, en algo que hemos exigido desde la sociedad, para justificar esta enorme regresión en materia de derechos humanos", dijo.
Pero consideró que de retirarse esos elementos quedaría "una gran iniciativa".
Para el profesor y especialista en derecho penal del Instituto Tecnológico Autónomo de México, Renato Sales, los problemas en la iniciativa están relacionados en que los policías, peritos y agentes de los ministerios públicos pueden ser separados de sus cargos por incumplir las leyes vigentes sin posibilidad de ser reincorporados.
Sales consideró que, por ejemplo, si el agente de un ministerio público ordena a un policía un allanamiento sin orden judicial --como permite la iniciativa--, el agente lo haría aunque no se cumplan los supuestos de la reforma por temor a ser despedido sin posibilidad de volver a trabajar en corporaciones policiales.
"Difícilmente se va a oponer si es ilegal, porque está el riesgo de que lo corran", explicó.
