Corral y Bartlett explican avances contra ley de telecomunicaciones.

Laura Rivas/PI
Jueves, 21 de Junio de 2007

Denunciaron que Televisa y TV Azteca iniciaron una campaña de “desinformación”, para confundir a la ciudadanía. Foto PI/Karel DEL ÁNGEL

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México D.F., 21 de junio. Los ex senadores Manuel Bartlett y Javier Corral, principales impulsores de la acción de inconstitucionalidad contra la denominada Ley Televisa, ofrecieron ayer por la noche una conferencia en la Casa Lamm para informar a los ciudadanos sobre las repercusiones que tendrá el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en materia de telecomunicaciones.

Los ex senadores denunciaron que Televisa y TV Azteca iniciaron una campaña de “desinformación”, para confundir a la ciudadanía sobre el estatus legal en el que se encuentra la Ley Federal de TelecoKsfkcsmunicaciones, promoviendo la idea de que “la constitución está mal y hay que modificarla” por lo que, a través de foros y conferencias, pretenden difundir los verdaderos alcances que tendrá el dictamen de la Corte.

Durante su intervención, Javier Corral (Partido Acción Nacional) reconoció el trabajo de la SCJN y alabó el manejo que se dio al asunto, pues desde el inicio hizo público el proyecto que presentó el ministro Sergio Salvador Aguirre Anguiano para analizar los artículos imputados, además de haber transmitido las sesiones por televisión e internet y haberse asesorado con ingenieros expertos en el tema.

“Dio la Corte una lección extraordinaria de dignidad, un ejemplo de que un poder del Estado, cuando se decide, puede y debe hacer las cosas, en aras del interés nacional. La Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció con esta resolución criterios fundamentales, marcos referenciales inamovibles para los legisladores que deben ahora tomar a su cargo una nueva Ley de Radio y Televisión” afirmó.

El ex senador explicó que la Corte invalidó los principales artículos de la Ley Federal de Telecomunicaciones que otorgaban dominio absoluto a Televisa y TV Azteca sobre el espectro de transmisión.

Los artículos anulados por la SCJN establecían que las concesiones televisivas debían refrendarse automáticamente cada veinte años, sin que mediara un proceso de licitación; que los concesionarios podrían explotar indiscriminadamente el espectro magnético que les fue asignado para ofrecer diferentes servicios de telecomunicaciones, sin solicitar autorización del Estado, y complementariamente, que se modificaría la figura de “concesionario” por la de “operador de redes públicas de telecomunicaciones”, lo que permitiría la explotación de todas las opciones de comunicación que se surjan a partir de la instalación de tecnología digital (radio, televisión, comunicación satelital, internet, telefonía, etcétera).

Javier Corral aseguró, sin embargo, que no fue posible impugnar toda la ley porque hay “aberraciones políticas que son inconstitucionales”, como el pedir requisitos exagerados a los solicitantes de una concesión para operar una estación de radio ciudadana.

Corral hizo un llamado a la sociedad para que esté al pendiente y no permita que se aprueba de nuevo una ley en contra del interés público y el derecho de la Nación a ser propietaria de sus telecomunicaciones.

“Detuvimos una ley que era injusta, ahora debemos luchar por una ley verdadera”, concluyó.

Por su parte, el ex senador Manuel Bartlett (Partido Revolucionario Institucional) indicó que la decisión de la Corte de hacer público el proceso de análisis de la Ley de Telecomunicaciones permitió, por primera vez en la historia, que se hiciera un debate público sobre lo que debían ser las comunicaciones en México.

Bartlett reconoció que la intervención de la Corte fue posible gracias a los 47 legisladores que decidieron promover la acción de inconstitucionalidad, yendo en contra de los intereses de sus partidos, para cumplir con la norma que solicita el aval de por lo menos el 33% del senado, para impugnar una ley aprobada por el mismo.

El ex senador priísta reconoció el seguimiento que ha dado del asunto el periódico “La Jornada”, así como periodistas y locutores de radio y televisión que denunciaron los intereses ocultos tras la Ley de Telecomunicaciones, aún poniendo en riesgo su trabajo.

En contra parte, el ex senador priísta denunció a comunicadores como Sergio Sarmiento y Carlos Ramírez, quienes han aprovechado su espacio en los medios para tachar las decisiones de la corte de “anticuadas y obsoletas”, asegurar que a nadie le interesa la discusión sobre la propiedad del espectro público porque la televisión del futuro será por cable, y hasta afirmar que “la Constitución política no sirve y hay que cambiarla”.