Analfabeta, 80% de la población hablante de lenguas indígenas: CDI

El Discurso
Jueves, 03 de Agosto de 2017

La respuesta también contiene una explicación fundada en datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Foto: PI / Francisco Gomez

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Nuvia Mayorga, directora general de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), sostuvo que 80 por ciento de la población hablante de lenguas indígenas es analfabeta, y por lo tanto traducir el Código Nacional de Procedimientos Penales –como exigía la Comisión Permanente del Congreso de la Unión– no tendría impacto significativo en el ejercicio de los derechos de los pueblos nativos.

Al responder a un exhorto del órgano legislativo para que se traduzca el citado código, la funcionaria señaló que por medio del Sistema de Radiodifusoras Culturales Indigenistas se podría lograr mejor difusión y divulgación de la norma penal.

El pasado 24 de mayo, la Comisión Permanente exigió a la Secretaría de Gobernación y a la CDI traducir el Código Nacional de Procedimientos Penales a las principales lenguas indígenas que se hablan en el país e instrumentar una campaña de difusión en esas lenguas sobre las principales disposiciones contenidas en dicho ordenamiento.

La semana pasada, por medio del subsecretario de Enlace Legislativo, Felipe Solís Acero, Gobernación respondió al punto de acuerdo con un oficio firmado por la hidalguense Nuvia Mayorga, en el que replica a la solicitud con el argumento de que la traducción del citado código es atribución del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (Inali).

La respuesta también contiene una explicación fundada en datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi):

Es importante mencionar que de acuerdo con el resultado de búsqueda Censo de Población y Vivienda 2010, elaborado por el Inegi, del total de habitantes en México, sólo 5.9 por ciento es hablante de lengua indígena, y de esa cifra, 80 por ciento es analfabeto en su propio idioma, por lo que la acción de traducción del Código Nacional de Procedimientos Penales no tendría un impacto significativo en el ejercicio de sus derechos.