Al PVEM le urge aprobar ley de biodiversidad mercantilista: Greenpeace

El Discurso
Martes, 04 de Abril de 2017

La organización señaló que la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Senado intenta aprobar el dictamen sin haber consultado a los pueblos y comunidades indígenas.

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La privatización de los recursos genéticos y del conocimiento tradicional, así como la omisión en la protección de especies, entre ellas las tortugas marinas y las aves, son fallas de la iniciativa de la Ley General de Biodiversidad, cuya aprobación de dictamen se prevé este martes en el Senado. Existe urgencia del Partido Verde por sacar esta iniciativa durante este mes, advirtió Greenpeace.

La organización señaló que la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Senado intenta aprobar el dictamen sin haber consultado a los pueblos y comunidades indígenas, pese a que con ello se abriría las puertas a la privatización de los recursos genéticos y el conocimiento tradicional de México. A esta crítica se sumaron, en un carta pública que se divulgó ayer, escritores como Elena Poniatowska y académicos.

Necesario, otro marco legal

Greenpeace demandó la eliminación de 20 artículos de la iniciativa relacionados con los recursos genéticos, a fin de que se elabore un nuevo marco legal en el que se les considere estratégicos para el desarrollo nacional y la seguridad alimentaria, pero esto no lo aceptó ese partido. También propuso que se realice un debate nacional y una consulta amplia, democrática, plural y con el debido tiempo, que garantice la participación efectiva de comunidades y pueblos indígenas, de acuerdo con los convenios internacionales.

Con esta legislación, asevera el organismo, se abriría la puerta para que industrias como la farmacéutica, cosmetológica o agroindustrial puedan patentar conocimientos ancestrales para bioprospección, es decir, búsqueda de nuevas fuentes de compuestos químicos, genes, proteínas, microorganismos y otros productos de la biodiversidad, con fines comerciales.

Gustavo Ampugnani, director de Greenpeace, dijo que la iniciativa de reforma se encuentra en el sentido mercantilista de la conferencia de las partes de biodiversidad, realizada en Cancún en diciembre pasado, en la que se sentaron las bases para la participación del sector privado en el uso de la biodiversidad.

En un documento entregado la semana pasada a Arturo Escobar, legislador del Partido Verde, la organización plantea que en la iniciativa los recursos genéticos no son considerados estratégicos para el desarrollo nacional y la seguridad alimentaria de los mexicanos. Destacó que se deben anteponer los derechos humanos de las comunidades indígenas y el bien común frente a los derechos privados de las empresas, para garantizar el acceso universal a la biodiversidad.

En un texto firmado por Elena Poniatowska, así como Víctor Toledo, entre otros académicos y organizaciones, también se señala que se aprobarse la iniciativa se afectará gravemente el principio de libre determinación, así como los derechos constitucionales de los pueblos indígenas y comunidades equiparables.

La materia de la iniciativa incide directamente en el patrimonio biocultural (genes, especies, agroecosistemas y paisajes) en los territorios y tierras de los pueblos indígenas y comunidades equiparables que albergan en su seno la mayor biodiversidad de México.

Destacaron que en la redacción de este proyecto se vislumbra como la principal tarea de ser una norma de distribución de competencias concurrentes en las materias que señala, y no así de reconocimiento de derechos a los ciudadanos, en especial a los pueblos indígenas. El presidente decreta, las instituciones tutelan concurrentemente el acceso de la diversidad biológica (genes, especies y paisajes) y la iniciativa privada internacional y nacional controla el patrimonio biocultural.