Militarismo erosiona los derechos humanos en América Latina: AI
El Discurso
Martes, 23 de Febrero de 2016
| El gobierno mexicano reconoce que ha habido más de 27.000 desaparecidos en siete años de lucha contra el narcotráfico. Foto:PI / Omar Hernandez
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El gobierno mexicano reconoce que ha habido más de 27.000 desaparecidos en siete años de lucha contra el narcotráfico, y Amnistía Internacional no duda en calificar la situación de desproporcionada y de extrema gravedad.
Pero quizá lo peor no sea el número, inmenso y que paraliza. Sino su invisibilización.
Erika Guevara, coordinadora para las Américas de Amnistía Internacional y responsable de su informe anual, que será publicado el 24 de febrero, considera que lo peor de lo que sucede en México es que las autoridades no parecen dispuestas a ponerle fin a la situación.
“No hablamos de las dictaduras militares de Argentina o Chile en los años 70 y 80, sino de la respuesta ideologizada, negligente y deficiente de un Estado democrático a una serie de problemas sociales,” dijo Guevara en una entrevista. “De un gobierno que niega la dimensión de la crisis y con ello la posibilidad de políticas públicas claras que busquen una solución. Que, al igual que sucedió en el pasado, ha decidido que los militares salgan de los cuarteles para responsabilizarse de la seguridad civil y cometer graves violaciones de los derechos humanos”.
El informe sobre la situación en el continente es categórico y pesimista. Dos lacras y una respuesta equivocada a sus síntomas atraviesan la región. Las lacras: la violencia y la impunidad. La respuesta, el militarismo.
Ocho de los diez países más violentos del mundo se encuentran en América. Sus sistemas de justicia son débiles y las instituciones están paralizadas por la corrupción, la escasez de recursos y la ausencia de voluntad política que les permitiría funcionar con independencia e imparcialidad. Los índices de impunidad llegan en varios países al 90 por ciento de los crímenes cometidos; las cárceles son espacios de autogobierno criminal donde puede suceder cualquier cosa menos la rehabilitación, y la respuesta, equivocada, de las autoridades a esa debilidad del Estado de derecho es “reiteradamente militarista”, dice el informe, lo que no consigue más que empeorarlo todo.
Eso deja la situación de los derechos humanos en América en “papel mojado” y convierte al continente en un “lugar de violencia agravada y generalizada”, en un continente donde cuatro países —Venezuela, México, Colombia y Brasil— aglutinan uno de cuatro homicidios a nivel mundial por arma de fuego.
La situación más grave es la que se vive en México, donde además de los 27.000 desaparecidos, suceden ejecuciones extrajudiciales y violaciones de los derechos humanos a manos de las fuerzas armadas y la policía. El informe menciona tres eventos concretos en los que se registraron 16, 22 y 40 víctimas de ajusticiamiento por parte de las fuerzas de seguridad en los estados de Michoacán y México, además de los 43 estudiantes víctimas de desaparición forzada a manos de la policía en el estado de Guerrero.
El relator sobre tortura de Naciones Unidas dice que la tortura en el país es generalizada y el alto comisionado para los derechos humanos afirmó que existe “un amplio consenso nacional, regional e internacional sobre la gravedad de la situación actual de los derechos humanos en México”.
El gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto ha sido blanco de duras críticas. En mayo de 2015, la Corte Suprema de Justicia resolvió que el país no tenía obligación de cumplir las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en un fallo que, según Amnistía Internacional, contraviene el derecho internacional.
De América Central, y especialmente su Triángulo Norte —formado por Guatemala, Honduras y El Salvador, siendo estos dos últimos los países con mayores índices de homicidios del mundo— salen cada vez más personas, en particular menores no acompañados, en dirección a los Estados Unidos.
Guevara explica que las “familias de Centroamérica expulsan a sus menores para evitar el reclutamiento en pandillas y porque el Estado no protege a sus ciudadanos”. El informe señala que muchos de los desplazados por esa violencia, durante su tránsito por México, son víctimas de secuestros colectivos, extorsión, desapariciones y otros abusos a manos de grupos de delincuencia organizada.
Como salen también expulsados miles de dominicanos de origen haitiano hacia Haití, que no está en condiciones de ofrecerles nada. “El tribunal constitucional de la República Dominicana ha dejado a miles de personas en situación de apatridia, los ha convertido en extranjeros en su propia tierra”, explica Guevara. También menciona que el gobierno de Venezuela ha expulsado a unas 2000 personas de nacionalidad colombiana que estaban refugiadas en el país, “en muchos casos en violación de sus derechos al debido proceso e incluso con la demolición de sus casas”, señala Guevara.
Y por si la violencia, la militarización o el desplazamiento forzado no pintaran un cuadro ya demasiado oscuro, la situación de la mujer, de sus derechos sexuales y reproductivos, es también muy grave en el continente.
Según el informe, América es la región con mayor numero de países con prohibición total del aborto. Si en todo el mundo solo hay ocho países que lo prohíben en cualquier circunstancia, seis son latinoamericanos: El Salvador, Nicaragua, Haití, República Dominicana, Chile y Surinam. Los otros dos son Malta y el Vaticano. En países con la interpretación más rigurosa del islam se permite abortar en algunos casos.
Guevara denuncia que si esto sucede es “debido a la influencia de la Iglesia católica y otras confesiones conservadoras, junto con el machismo que permean todos los aspectos del Estado y la sociedad”.
En El Salvador hay 23 mujeres encarceladas que enfrentan sentencias de hasta 40 años por abortar, bajo el cargo de homicidio agravado en razón de parentesco. Incluso han sido arrestadas después de sufrir pérdidas naturales. “Van al hospital buscando atención médica que no se les brinda y en cambio se criminaliza la condición, se eleva el delito durante el proceso de aborto a homicidio”, explica la experta.
Guevara termina por señalar que las únicas ejecuciones oficiales registradas en los últimos 15 años en el continente han sucedido en Estados Unidos: “Amnistía Internacional es una organización totalmente abolicionista, la pena de muerte no debería estar permitida en un Estado de derecho del siglo XXI”.
